Únicamente se puede despedir a una persona con incapacidad vigente expedida por la entidad correspondiente (EPS o ARL) con autorización previa del Inspector de Trabajo. 

Lo anterior, atendiendo los siguientes lineamientos: 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha desarrollado el concepto de debilidad manifiesta entendido como un estado en el cual una persona se encuentra indefensa a causa de una disminución de su capacidad laboral con ocasión de un accidente o enfermedad. 

En relación con ello, cuando una persona se encuentra en situación de debilidad manifiesta, no es posible despedirla en razón de su condición, ya que estas medidas atentan contra la igualdad y el deber de solidaridad. 

De esta manera, a través de la sentencia T-098 de 2015, se dispuso que una persona que se encuentra en estado de debilidad manifiesta posee los siguientes derechos: 

1). A conservar el empleo; 2). A no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; 3). A permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre y cuando que no se configura una causal objetiva que conlleve a la desvinculación del mismo y; 4). A que la autoridad laboral competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de la causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador.